Torre de los Periodistas: el juez Villanueva elevó a juicio el expediente por la expropiación ilegal de los 23 deptos

El juez federal Gustavo Villanueva elevó a juicio contra Sergio Adolfo San Martín y Jorge Héctor Di Pasquale, dos exintegrantes del destacamento de Inteligencia del Ejército. Ambos se encuentran procesados en carácter de partícipes necesarios por los delitos de robo y defraudación en el marco de crímenes de lesa humanidad.

El abogado querellante de la causa, Mariano Mansilla, confirmó que el avance de la imputación penal fue posible gracias al acopio documental y al trabajo articulado por el fiscal federal Miguel Ángel Palazzani, logrando reconstruir el modus operandi mediante el cual las fuerzas represivas ocuparon el edificio y destruyeron los archivos de la cooperativa de trabajadores de prensa.

El despojo a los trabajadores de prensa La emblemática torre, ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, involucra de forma directa a 23 departamentos.

Las unidades habitacionales habían sido construidas mediante un sistema de esfuerzo propio y financiamiento a largo plazo a través de créditos del Banco Hipotecario que los adjudicatarios abonaron durante años.

Tras el golpe de Estado, el edificio fue usurpado de forma violenta, y los militares hicieron desaparecer las actas de pago y el registro de socios para consolidar el despojo inmobiliario.

Mansilla recordó que detrás de la apropiación patrimonial existió un plan sistemático de persecución, exilio y muerte que diezmó a los profesionales de la comunicación de la zona.

Entre los legítimos propietarios afectados figuraban referentes históricos como Víctor Hugo Reynoso y Dante Lombardo entre otros. Varios de los integrantes de este grupo de periodistas sufrieron detenciones ilegales, presiones coercitivas para forzar renuncias a sus derechos habitacionales, expulsiones del país y, en los casos más graves, asesinatos y desapariciones forzadas tanto en Argentina como en el exterior.

Hacia el último juicio de lesa humanidad en la provincia

Los dos únicos imputados que llegarán a debate oral, San Martín y Jorge Di Pasquale, permanecen actualmente bajo arresto ya que cuentan con condenas previas de cumplimiento efectivo por su participación en los sucesivos tramos de los juicios «La Escuelita».

El resto de los involucrados en la planificación del despojo civil quedaron fuera del proceso penal debido a fallecimientos o a deterioros severos de salud que les impiden afrontar los requerimientos del tribunal.

La querella anticipó que la expectativa jurídica es lograr la conformación del tribunal de juzgamiento para los meses de octubre o noviembre, dependiendo de la celeridad administrativa del Poder Judicial de la Nación.

Por sus características institucionales, este proceso que ventilará la persecución y el fraude económico contra los periodistas locales se perfila como el último gran juicio oral por delitos de lesa humanidad que se desarrollará en el territorio provincial, marcando un hito histórico en la reparación civil y la memoria colectiva regional.