La madre de SIlvia Cabañares exige una audiencia con el gobernador Rolando Figueroa

A pocos meses de cumplirse un nuevo aniversario de un crimen que conmovió a toda la región, el reclamo de justicia volvió a trasladarse con fuerza al centro del poder político provincial.

Flavia Currumil, madre de Silvia Cabañares, realizó una conferencia de prensa en los accesos a la Casa de Gobierno con el objetivo central de solicitar una audiencia urgente con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

La acción gremial y familiar, que contó con el acompañamiento activo de diversas agrupaciones y organizaciones de mujeres de la zona, buscó visibilizar la parálisis que afecta al expediente judicial y exigir un compromiso institucional directo por parte de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial.

Durante una entrevista brindada a la emisora Radio UNCo Calf, la mujer describió el desgaste emocional y operativo que afronta el entorno de la víctima y precisó que el pedido concreto ante el mandatario se centra en la necesidad de partidas y recursos específicos para destrabar la investigación y lograr avances sustanciales en el caso del femicidio.

Currumil recordó con dolor que el próximo 16 de agosto se cumplirán tres años desde que iniciaron el derrotero público para exigir el esclarecimiento del asesinato, lamentando de forma categórica que hasta el momento no hayan obtenido ningún tipo de respuestas concretas ni definiciones por parte de los organismos a cargo de la instrucción penal.

Falta de garantías, testigos con miedo y el beneficio al único imputado

Uno de los puntos más críticos y conflictivos expuestos por la querella familiar se enfoca en las condiciones de detención del sospechoso y las nulas garantías que existen para quienes pueden aportar datos clave en las comisarías y fiscalías.

La madre de la joven cuestionó con dureza que el único detenido en el marco de la investigación penal se encuentre actualmente bajo el beneficio de prisión domiciliaria en la localidad de Balsa Las Perlas, la misma jurisdicción geográfica donde se perpetró el femicidio.

Esta situación de cercanía territorial y presunta impunidad ha generado un fuerte efecto de amedrentamiento en el entramado social del sector.

En ese sentido, Currumil denunció públicamente que «hay testigos pero no hablan porque tienen miedo», fundamentando allí la importancia de que el Estado neuquino disponga de los dispositivos y fondos necesarios para darles protección real, con la firme esperanza de que el resguardo oficial motive la aparición de nuevas declaraciones que permitan esclarecer la mecánica del hecho.

La familia repasó que si bien durante el año anterior mantuvieron mesas de trabajo directas con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y su par de Seguridad, Matías Nicolini, en la actualidad la causa penal ingresó en una fase de extrema pasividad.

El temor latente de los allegados es que, ante la falta de movimientos procesales y la quietud de los peritos, la causa de pronto quede en la nada y prescriba sin condenas.

El reclamo contra la impunidad y el calvario familiar

«No queremos más impunidad. Queremos que las cosas se hagan como se tienen que hacer, que investiguen lo que tengan que investigar, y que saquen el caso adelante como corresponde», sentenció Flavia Currumil en las escalinatas gubernamentales.

El testimonio de la madre dejó al descubierto el profundo quiebre humano y la destrucción del tejido cotidiano que sufren los familiares y afectos cercanos de Silvia Cabañares desde el día del crimen.

La mujer relató el padecimiento sistemático de tener que convivir con el dolor de forma pública para evitar que la memoria de su hija sea sepultada por el olvido institucional, describiendo como un proceso desgarrador el tener que hablar y recordar el hecho de manera permanente cuando, de acuerdo a los plazos procesales estándar, la provincia ya debería haber brindado una respuesta concreta mediante la realización del correspondiente juicio oral y público.

Las organizaciones sociales anticiparon que sostendrán el estado de alerta y movilización en las calles de la capital hasta tanto la gobernación formalice la fecha de la audiencia y se giren los recursos técnicos y económicos requeridos por el equipo legal de la familia.