La Emergencia en Discapacidad es ley.

La ley deberá promulgarse, ya que el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.

El rechazo del Senado al veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en el área de Discapacidad no fue un hecho inédito, pero sí aislado: de hecho, hacía 22 años no ocurría.

La ley deberá promulgarse, ya que el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado. El proyecto propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas. Desde distintos sectores advierten que, si el Ejecutivo no aplica la norma, podría impulsarse un juicio político.

En medio del escándalo por los audios de las coimas en la ANDIS y a tres días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Senado logró la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 en contra. El rechazo total a un veto del Ejecutivo no se daba desde hace 22 años. Solo La Libertad Avanza y dos aliados apoyaron el veto de Javier Milei.

Durante la jornada, el sector de discapacidad realizó un paro y una movilización nacional en las plazas del país. Prestadores, profesionales, familiares, transportistas e instituciones reclamaron para que los senadores rechazaran el veto firmado por el Presidente a principios de agosto.Presidida por Bartolomé Abdala, dado que Victoria Villarruel está a cargo del Poder Ejecutivo mientras Milei se encuentra fuera del país, la sesión se desarrolló tras un acuerdo previo entre los distintos bloques.

La definición del rechazo definitivo del veto ya se preveía tras la insistencia en Diputados el pasado 20 de agosto, donde el oficialismo está más cómodo numéricamente.Lo cierto es que la temática de discapacidad está en el centro de la agenda, no solo por los reclamos que realiza el sector desde principios de junio (cuando la Cámara Baja aprobó por primera vez la norma), sino también por el escándalo de los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que denuncia presuntas coimas recibidas por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De hecho, la senadora fueguina Cristina López cantó brevemente durante su discurso: “Alta coimera, Karina es alta coimera”, citando el conocido jingle que circuló en redes sociales y medios de comunicación en las últimas semanas.

Los senadores de Unión por la Patria, el radicalismo, el PRO y los bloques provinciales apoyaron en su totalidad la insistencia del proyecto. En julio pasado, cuando se sancionó la ley (previo al veto), hubo 55 votos afirmativos, ninguno negativo y 17 ausencias: La Libertad Avanza y once senadores más optaron por ausentarse al momento de votar para evitar el costo político.

En esta oportunidad, los radicales Víctor Zimmermann, Mariana Juri, Rodolfo Suárez y Stella Maris Olalla cambiaron su postura: en lugar de ausentarse, acompañaron la ley. Lo mismo hicieron los dos senadores del PRO, Martín Goerling y Alfredo De Angeli. Juan Carlos Romero, Lucila Crexell y Mónica Silva optaron por el mismo camino. De esta manera, se incrementaron los apoyos obtenidos en la sanción de la ley.

Esta vez, cinco de los seis senadores de La Libertad Avanza votaron para sostener el veto, junto con Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni. Vilma Bedia (La Libertad Avanza) se ausentó al momento de la votación, aunque estuvo presente durante la sesión.

El oficialismo marcó su postura a través de una senadora que, si bien no integra el bloque libertario, hace tiempo actúa en sintonía con La Libertad Avanza. Carmen Álvarez Rivero, legisladora del PRO pero alineada con el Gobierno nacional en temas clave, fue la única en alzar la voz para defender el veto presidencial, en una sesión donde inicialmente se esperaba que también hablaran otros referentes del oficialismo.

Qué dice la ley de emergencia en discapacidad

La ley que declara la emergencia en discapacidad tendrá vigencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo central es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas clave como salud, educación, trabajo y protección social. Entre las principales medidas se destacan las compensaciones económicas para prestadores de servicios y talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Además, se establece la regularización de pagos atrasados y la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, que es declarado de interés público nacional.

La normativa también impulsa una reforma del sistema de pensiones no contributivas, con el fin de asegurar su financiamiento y revisar las condiciones de acceso y permanencia. Se propone fortalecer la gestión institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras en su base de datos, actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con un enfoque integral, y asignar recursos específicos para el funcionamiento de talleres protegidos y centros de día. A su vez, se exige al Poder Ejecutivo que rinda cuentas sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia, y se ratifica el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.